Los planificadores no están pasando, probablemente nunca la han hecho, por una buena época. La palabra que define su situación actual con más precisión es falta de legitimidad o descrédito. En este texto tratamos de exponer algunas notas que explican el origen de esta situación, así como las posibles soluciones para ganar posiciones de legitimidad. Son en el fondo unas notas para los planificadores del futuro, y tratan de incentivar la creación de una comunidad de aprendizaje colectivo, compromiso y uso de la razón para afrontar los desafíos de la humanidad. Unas palabras que tratan de ser, aunque algo desordenadas, una nueva mirada que haga reflexionar a los planificadores del futuro sobre las mejores prácticas del hacer y del conocer.
Las raíces utópicas de la planificación. Su motor y su límite
La historia de la planificación da la impresión de ser una historia de fracasos. Los planificadores se han esforzado en diseñar teorías sobre cómo debería ser el mundo y durante decenios han invertido enormes esfuerzos en lograrlo. Casi siempre poco escuchados por los que toman finalmente las decisiones sobre asuntos colectivos, algunas veces escuchados pero obteniendo resultados que los alejaban de sus objetivos, los planificadores parece que non han sido capaces de encontrar su lugar. Wildawsky, uno de los pioneros en estudiar el problema de la implementación (después de casi un siglo haciendo planes, a Wildawsky se le ocurre pensar por qué no se implementan!) decía con acritud en 1973 que, si los planificadores son supuestamente el doctor de sociedades enfermas, el paciente parece que nunca mejora. La idea del doctor que conoce la enfermedad del territorio ha sido siempre muy recurrente entre los planificadores. A pesar de que ha pasado medio siglo, la declaración de Wildawsky sigue manteniendo una crudeza tal vez ahora mucho mayor que en los años 70. Si su objetivo es superar su relativa irrelevancia en la toma de decisiones colectivas, los planificadores tendrían que tener como tarea principal pensar con más precisión lo que pretenden lograr y cómo toman decisiones.
A pesar de la sensación de fracaso, se puede comprobar que hay sociedades y territorios mejor planificados que otros. Estas diferencias, que deberían generar cierta curiosidad en los planificadores, enseguida se despachen con frases sencillas y ligeras como “tienen cuatro leyes, pero las cumplen”, “allí tienen verdaderos valores de justicia y democracia”, “por aquí tenemos una élite capitalista depredadora y corrupta”, “allí hay voluntad política”, etc. Estas son desgraciadamente frases demasiado vagas que denotan lo poco que han pensado los planificadores sobre lo que hacen y sus consecuencias. En este texto planteamos una explicación sencilla a las dificultades que tienen los planificadores para incidir en la toma de decisiones colectivas. Esta explicación tiene que ver con el tipo de valores dominantes entre los planificadores y cómo estos se vinculan a sus tomas de decisiones, o más bien, a sus toma de posición.
La raíz intelectual y cultural de la planificación moderna, que nace en el siglo XIX, está en el rechazo a las consecuencias de la revolución industrial y, en concreto, a las desigualdades e impactos sociales y ambientales que genera el capitalismo. El socialismo utópico, así denominado para diferenciarlo del llamado socialismo científico de Marx y Engels, ha dado una serie de pensadores como Howard, Owen, Geddes, etc., que son todavía básicos para entender la forma en que muchos planificadores piensan, sitúan objetivos y llevan a cabo acciones. Aunque nunca hayan oído hablar de ellos, se sorprenderían cuán próximos están los planificadores actuales de estos padres de la planificación. Hace unos días, en un debate sobre ordenación del territorio celebrado en Lugo, la solución que planteaban los planificadores para la Galicia de 2018 era la misma que proponía Howard para Inglaterra en 1902. Parece que nada ha cambiado.
El poder fascinador de las utopías sobre los planificadores no ha cesado a lo largo del siglo XX. Por ejemplo la planificación comunicativa, basada en las aproximaciones de Habermas sobre la “ética discursiva”, o la justicia distributiva de John Rawls, son los ejemplos más actuales que han influido en la teoría y práctica de la planificación. No se pueden entender el tipo de discurso actual en planificación en relación a la necesidad de participación o de los conceptos “bottom-up”, etc., sin Habermas y Rawls. Al igual que las teorías del socialismo utópico estos autores poseen una fuerte idealización y carácter normativo que los acercan a las utopías. En el fondo Habermas y Rawls tratan de elaborar valores intrínsecos que obtienen toda la legitimidad de sí mismos. Al igual que las ideas del socialismo utópico que han demostrado sus limitaciones, también la ética discursiva o la idea de justicia de Rawls se han visto envueltas en sus propias contradicciones y límites (Campbell y Marshall, 2006; Fainstein, 2009). La toma de decisiones colaborativas no arroja mejores decisiones, ni tampoco decisiones que generen obediencia. El velo de la ignorancia de Rawls obligaría a los planificadores a rechazar su experiencia práctica de contacto con el mundo y los actores involucrados a la hora de tomar sus decisiones. Nada de esto sucede en el fondo en la toma de decisiones colectivas y es escaso el número de planificadores que parece darse de cuenta de ello.
Y aquí está la paradoja de los planificadores. Por un lado tenemos que lo que pone en marcha a los planificadores son las consecuencias de la revolución industrial y del capitalismo, y por otro lado lo que aleja a los planificadores de la gestión efectiva de estas consecuencias está relacionada con los valores que asumen. Los planificadores sienten que no han conseguido obtener legitimidad en al ámbito público, y tratando de reforzar su poca credibilidad suelen tratar de definirse con frecuencia como defensores del bien público, identificando sus valores o transmutándolos como el bien común o los valores públicos. Hay muchas reflexiones en relación a los que es el bien común en filosofía política que muestran que es un asunto extraordinariamente complejo, y justamente en planificación sólo unos cuantos aportes vagos y superficiales (Lucy, 1988; Grant, 2005). Así, los planificadores, frustrados e incomprendidos, terminan culpando de su fracaso a las cosas más variopintas. ¿Cuál es el problema entonces?
La barrera que impide a los planificadores ganar legitimidad en el espacio público actual tiene que ver precisamente con el tipo de ética que asumen. La ética de los planificadores tiene un fuerte carácter deontológico o normativo. En este sentido los valores son absolutos y obtienen toda la legitimidad de sí mismos. Esta ética se opone a otro tipo de éticas como la consecuencialista, donde los valores son mejores si tienen mejores consecuencias. El tipo de ética consecuencialista más difundida es el utilitarismo. Como veremos, las éticas consecuencialistas son afines al empirismo y a los procesos de racionalización colectiva. Además, las éticas consecuencialistas permiten o son proclives a generar conocimiento y a acumularlo. La acumulación de conocimiento es una fuente de legitimidad social. Por otra parte, las éticas consecuencialistas tratan también de alejar fines y medios, a diferencia de las deontólogicas, que tienden a unirlos. Como veremos, el estado moderno es mucho más afín a las éticas consecuencialistas que a las deontólogicas, por lo que la ética deontológica tiene más dificultades para normar las decisiones en un estado moderno, lo que termina alejando a los planificadores de ganar legitimad en su seno. Al no percibir todas estas cuestiones, los planificadores muestran un claro desconocimiento del terreno de juego en el que se mueven. En lo siguiente tratamos de aclarar estos términos con ejemplos.
Valores intrínsecos e instrumentales. Ganar conocimiento
Los valores de los planificadores, tales como justicia, igualdad, autosuficiencia, etc., suelen ser autorreferenciales. La justicia se alcanza siendo justo, y es justo sólo aquel que realice justicia. Es por esta razón que la teoría en planificación no es nunca una explicación del mundo, sino cómo debe ser el mundo. La acción se reduce sólo a poner los valores en marcha. En este sentido, el carácter deontológico de la ética de los planificadores los ha alejado, por la propia naturaliza de esta ética, de analizar y pensar sus acciones. Es difícil citar a una disciplina que desprecie más las consecuencias de sus acciones como los planificadores. El hecho de que los planificadores estuviesen haciendo planes un siglo sin haber examinado el problema de la implementación es mucho más que sintomático de estas deficiencias. Incluso hoy en día el problema de la implementación es un objeto de estudio completamente marginal en la literatura académica. Los planificadores no han sido capaces de hacer algo indispensable que hace cualquier disciplina que quiera ganar legitimidad: acumular conocimiento. Durante los últimos cien años sólo se han tenido valores. Por eso alguien como Jane Jacobs (1961) ha sido capaz de desmontar buena parte de los preceptos de socialistas utópicos como Howard sin tener que realizar gran esfuerzo empírico. Simplemente observó las consecuencias de los planes dando un pequeño paseo por las calles de Boston. En el fondo este ha sido, y es todavía, el fuerte legado del utopismo. Tiene que ver con la convicción de que la toma de decisiones colectivas debería ser fácil porque nadie espera que los valores estén mal. ¿Quién puede dudar de un valor como la justicia?
Tal vez sea necesario pensar mejor el concepto de valor para entender estas complicaciones conceptuales. Algunos autores del ámbito de la filosofía política, como Barry Bozeman (2007), han diferenciado entre valores intrínsecos y valores instrumentales, con el ánimo de ilustrar con más precisión la toma de decisiones colectivas. En última instancia no es más que la diferenciación entre fines y medios. Los medios están lejos de ser entidades abstractas a modo de herramientas, sino que tienen carga valorativa. Los valores intrínsecos representan fines en sí mismos y cuando son alcanzados se obtiene la meta deseada.
Veamos algunos ejemplos. Todo el mundo estaría de acuerdo con un valor intrínseco (fin en sí mismo) como “vivienda asequible”. Sin embargo las discrepancias comenzarían en cómo conseguir vivienda asequible. Estas discrepancias no se deben al valor intrínseco, sino precisamente al papel de los valores instrumentales. Es importante remarcar que casi todos los dilemas de la ordenación del territorio no son dilemas en cuanto a valores intrínsecos, sino a valores instrumentales. Lo que se juzga en la toma de decisiones colectivas no es tanto la cantidad de valor intrínseco, sino el esfuerzo y las posibilidades de éxito de los valores instrumentales. Continuando con el ejemplo de los altos precios de la vivienda, vemos que existen diferentes valores instrumentales, y que determinados organismos consideran algunos de ellos necesarios para lograr viviendas asequibles, mientras que otros los consideran perjudiciales. La Comisión Nacional de la Competencia (2015) argumenta por ejemplo que hay que liberalizar todo el suelo para que se pueda construir en cualquier parte y de este modo aumentar la oferta y reducir los precios de a vivienda. Para este organismo los planes urbanísticos son los que restringen la oferta y en consecuencia están incrementando los precios. Sin embargo un geógrafo como Rullán (2011) dice que el suelo ya se liberalizó en con la ley estatal de 1998. Para él la liberalización provocó especulación y aumento de precios y, por lo tanto, tienen que volver a hacerse planes para regular este fallo del mercado. Ahora imagínense un gobierno que tiene estos dos informes sobre la mesa. Uno de los dos miente necesariamente en algo que tendría que ser una obviedad empírica, si el suelo está liberalizado o no. ¿De quién dudar? ¿De un organismo adscrito al Ministerio de Economía o de un catedrático universitario? Si tuviésemos una comunidad de planificadores bien formada, con conocimiento acumulado, probablemente concluiría que los dos mienten. Pero lo que tenemos es que los valores instrumentales no han sido sometidos a pruebas empíricas rigorosas y, añadiendo además el hecho de que la elección de una u otra estrategia está asociada a una fuerte carga valorativa (intervención del gobierno o no intervención), es prácticamente imposible que un gobierno decida bien en estas condiciones.
La planificación suele estar afectada con frecuencia por una considerable falta de conocimiento sobre lo que se decide. Por ejemplo, probablemente no hay nada tan controvertido en la planificación como el valor intrínseco de la propiedad privada. Sin embargo gran parte de la discusión parte de la confusión entre valores intrínsecos e instrumentales y las relaciones entre ellos. La propiedad privada puede ser un valor (entendido incluso como derecho humano) resultado de contrato (en el sentido hobbesiano entre propietario y estado) que puede tener como consecuencia valores instrumentales como, por ejemplo, el derecho hipotecario. Pero el derecho hipotecario, como valor instrumental, no puede garantizar nunca valores intrínsecos de contrato entre propietario y estado. Sobre esta confusión se asientan las innumerables políticas que se han llevado a cabo para luchar contra la informalidad, o buena parte de la posición idealizada que toman los planificadores frente a los comunes. La confusión de conceptos suele ser letal para llevar a cabo políticas públicas efectivas. Por ejemplo el tan de moda pago por servicios ecosistémicos (valor instrumental) es un concepto que no se deja entender por ninguna teoría de contrato y que pone en grandes dificultades alcanzar la protección del medio ambiente (valor intrínseco). O en el caso concreto de Galicia, el diagnóstico sobre los incendios forestales es una enorme confusión entre valores intrínsecos e instrumentales, hasta el punto de que no se sabe muy bien sobre lo que se debate. Ser capaz de diseccionar estas cuestiones es crucial para cualquier toma de decisiones colectivas. Los planificadores deberían entenderlo de una vez.
Todos estos ejemplos son dilemas sociales donde los planificadores creen estar discutiendo una cosa cuando en realidad están discutiendo sobre otra diferente. La gran discusión, sin embargo no está en los valores intrínsecos. De hecho, si utilizamos los valores intrínsecos para establecer los derechos formales, que suelen ser de carácter constitucional, tendríamos muchas dificultades para explicar cómo los valores instrumentales hacen que se desvíen los derechos efectivos (los que finalmente tienen los ciudadanos) de los formales. Decir que esta desviación se debe a una élite corrupta o a falta de voluntad política es, tras los ejemplos expuestos arriba, la forma que los planificadores tienen de seguir manteniéndose en sus valores intrínsecos sin asumir ninguna responsabilidad en su toma de decisiones.
Así que, ¿cuál es el camino a seguir? Estas cuestiones se aclararían de forma más rápida si los planificadores lograsen entender cómo operan los valores instrumentales para proporcionar los derechos formales. Y esto pasa por conocer con exactitud cuáles son sus condiciones de funcionamiento. Para entender estas condiciones de funcionamiento Bozeman sugiere algo bien simple:
«From the standpoint of empirical social science, the fact that intrinsic values are not agent-neutral is vexing and limits the ability of social scientists to inform. But the role of social science is virtually unbound with respect to instrumental values. All instrumental values can be viewed as causal hypotheses that are, in principle, subject to empirical tests. Philosophers clarify values through logical analysis and argumentation. Through its research, empirical social science can often play a role in clarifying value–action relationships».
Esto es el primer paso. Focalizar la discusión de estos dilemas en los valores intrínsecos es una pérdida de tiempo y energía de la que sólo se benefician aquellos que tienen valores menos prosociales. La propuesta de Bozeman es pragmática. No nos detengamos en el “deber ser” kantiano, sino que preguntémonos por qué no llega a ser, siendo lo más precisos posible y evitando la vaguedad de las conspiraciones en contra. No hay nada que deslegitime más que ver a alguien señalando continuamente lo que los demás no pueden ver con claridad. La gente nunca le da la confianza a planificadores que ven fantasmas. Bozeman en el fondo no dice más que lo que ya han dicho autores como John Dewey (1930). Este explica cómo la acción se fundamentaba en valores que continuamente eran reformulados y matizados por el conocimiento que se generaba poniéndolos en práctica. No existe por lo tanto una separación entre teoría y práctica, o entre conocimiento y acción. Aquí la teoría no es describir cómo debe ser el mundo, sino acumulación de conocimiento sobre las acciones. Son dos caras de la misma moneda, por lo que cualquier separación es una utopía en sí misma. Una comunidad de planificadores útiles no es un grupo que comparte valores intrínsecos, sino una comunidad de aprendizaje que pone en marcha acciones sobre las que gana conocimiento de sus condiciones de posibilidad. Una comunidad de planificadores no es una comunidad de valores sobre cómo tiene que ser el mundo, sino es sobre todo una comunidad generadora de conocimiento que debe ser útil para que las sociedades puedan resolver sus dilemas colectivos. Mientras la comunidad de planificadores esté confusa, con dificultades para realizar hipótesis correctas sobre el funcionamiento del mundo, sus buenos valores no la redimirán de la pérdida de legitimidad para el resto de la sociedad. Por lo tanto la cuestión fundamental que tiene que afrontar la comunidad de planificadores no es defender valores, sino evitar el descrédito. Esta es la condición esencial para que los valores se materialicen de alguna manera.
¿Cómo lograr legitimidad? Aprendizajes de Max Weber
Bromley se preguntaba en el 2009 en un artículo «¿Por qué es tan difícil la política pública?». Su argumento es muy sencillo y sugiere que la política pública es un “open resource pool”, donde opina todo el mundo (lobbies, universidades, sectores diversos). Un tomador de decisiones se ve sometido a una une enorme cantidad de diagnósticos y soluciones. Aquellos que tienen más poder tendrán efectivamente más voz. La cuestión es cómo la voz de los planificadores puede ser escuchada mejor y más clara por los tomadores de decisiones. En definitiva la cuestión es cómo puede convertirse la voz de los planificadores en una voz legítima. Si los planificadores están confusos, no saben lo suficiente sobre lo que hablan, sus valores les hacen incurrir continuamente en sesgos cognitivos, y muestran signos evidentes de que desconocen el campo de batalla, es evidente que nadie los va a querer escuchar. Un planificador se deslegitima a sí mismo con mucha frecuencia nada más abrir la boca.
Hay muchas definiciones de legitimidad, pero todas ellas comprender legitimidad como el reconocimiento del derecho a gobernar. El primero en analizar el concepto de legitimidad fue Max Weber (1978). Su pregunta era simple: ¿por qué obedecemos? Weber da varias razones, basadas en la costumbre, la obligación, etc. La más interesantes para los planificadores es cuando sugiere que se obedece porque lo que dice el gobierno está conforme a un procedimiento legal con el que se está de acuerdo. Para Weber las decisiones en el estado moderno obtienen legitimidad política cuando siguen procedimientos legales. En este sentido la fundamentación de la legitimidad se basa en reconocer la validez de un cierto positivismo legal. Esta ha sido la forma que han encontrado las sociedades de decidir colectivamente ante la imposibilidad de justificar un sistema de valores, que en realidad representan la voluntad de poder, y que la pretensión de universalidad de diferentes sistemas de valores los transforma en irreconciliables. La disconformidad en los valores solo serviría para mantener las decisiones políticas apartadas de un bucle sin salida en las que caerían representaciones antagonistas del mundo.
Ahora bien, al elevar el orden del positivismo legal como garantizador de legitimidad, se corre el riesgo de que el gobierno vaya contra la idea propia de legitimidad. En cierto sentido, si lo que es legítimo lo es simplemente por ser legal, el resultado es pasividad en relación al poder, lo contrario a la legitimidad como indica Weber. Así que es razonable pensar que no se siguen las leyes únicamente por su legalidad. Los gobiernos de los países menos desarrollados aprueban una gran cantidad de legislación que no tiene legitimidad, pero que es legal. Por lo tanto Weber pone dos condiciones a mayores para que la legalidad sea legítima. Primero, no debería ir en contra de los valores sociales, y esto debería estar en parte logrado si la ley es conforme a la constitución formal o informal de la sociedad. Y en segundo lugar y más importante para los planificadores, es que las leyes tienen que contribuir de una manera creíble a alcanzar los valores sociales. Si este no es el caso, las leyes serán rechazadas y los valores caerán desacreditados. Esto es lo más importante para los planificadores y donde se juegan su credibilidad. Si no consiguen primero explicar lo que sucede y segundo dar soluciones viables a los dilemas sociales, es probable que las instituciones y ciudadanos no terminen creyendo en sus propuestas, y en consecuencia en sus valores. La gente pelea por los valores si les son útiles, no por su belleza formal. “When values are not given concrete form, they end up seeming unrealisable” (Coicaud, 2002). Las leyes, para terminar siendo creíbles, tienen que terminar dando resultados que los ciudadanos puedan reconocer como efecto de ese esfuerzo colectivo (Redmond, 2005). Por eso esto exige a los planificadores un profundo conocimiento y ser muy conscientes de lo que proponen. Esto vemos que rara vez ocurre con los planificadores. Reflexionemos en el siguiente caso, donde se pone a prueba la ética consecuencialista de la responsabilidad de un planificador.
Imaginemos un país con una gran fragmentación de la propiedad de la tierra. En el pasado la sociedad era capaz de gestionar el minifundio. Ahora ya no. Se han tratado de realizar algunas políticas para que los propietarios se asocien pero no han funcionado. Un planificador, con grandes valores en relación a la justicia, lleva a cabo un estudio y concluye que es imposible que el grado de fragmentación permita gestionar la tierra en las condiciones actuales. ¿Qué solución puede dar el planificador? ¿Se empeñará en reactivar el minifundio porque en el fondo es un reparto de riqueza, y esto es justicia, un gran valora para él? ¿Tendría que ignorar su experiencia empírica para permitir expresarse a su valor? Si lo hace así, todo el mundo estaría de acuerdo en que sería un irresponsable, porque conociendo las consecuencias de su decisión, negativas para la sociedad, prefiere mantener sus valores a salvo. Ahora bien, el que propone el minifundio como solución porque sus valores le indican que hay que distribuir la tierra es igualmente un irresponsable por no haber desarrollado ninguna experiencia empírica sobre las condiciones de posibilidad de su propuesta. Y si la ha desarrollado solamente para justificar sus valores es también un irresponsable. El problema de este último planificador es que nadie más que aquellos que comporten sus valores le hará caso en el futuro. No serán fuente de legitimidad colectiva. La sociedad terminará reconociendo a esa persona como no capacitada para la toma de decisiones colectivas. En términos weberianos, su ética deontológica inhibe la ética de la responsabilidad. Ahí está buena parte del descrédito de los planificadores. Lamentablemente no son extrañas conspiraciones contra los buenos planificadores las que los hacen caer en descrédito. Los planificadores mismos suelen cavar con ahínco su propia tumba. Eso sí, con muchos valores y principios.
Lo que diferencia la planificación de un país latinoamericano de un país como Holanda no son la existencia de diferentes valores intrínsecos, sino las diferencias de un aprendizaje a lo largo de decenios y siglos sobre las condiciones en las que los valores instrumentales son más efectivos. La extraordinaria divergencia que existe entre el diagnóstico de los problemas territoriales y las soluciones en un país latinoamericano (diagnósticos llenos con frecuencia de incoherencias y de falsas hipótesis del funcionamiento del mundo) impiden a los gobiernos ganar legitimidad en sus tomas de decisiones. Y este problema está más lejos de ser un problema de valores, o de control de las élites (que también lo es) que un problema de conocimiento. Los gobiernos progresistas como el de Correa en Ecuador, proclives a la políticas de ordenación del territorio, están sufriendo ahora un movimiento pendular que desbarata buena parte de ellas. Estas políticas se desmontan no porque ahora resurjan valores contrarios, sino porque a los ciudadanos esas políticas no les ofrecieron nada palpable en los últimos años. Están cansados porque las tuvieron que asumir, pero el precio de la tierra sube sin cesar, la informalidad crece por doquier, etc. Gran parte de este fracaso se debe a que ni la universidad ni la administración ecuatoriana tenían suficiente conocimiento sobre las condiciones de posibilidad de los valores instrumentales de esas políticas. Los resultados son nefastos, porque como sugiere Coicaud (2002) ahora los ciudadanos han comenzado a dudar de la validez de los valores intrínsecos que impulsaron esas políticas. Ahí es donde comienza de nuevo a crecer la falta de credibilidad del gobierno y la pérdida de legitimidad. Una vez que se cae en el descrédito, ganar legitimidad es mucho más difícil.
Ahora es cuando debemos preguntarnos si los planes que tratan de alcanzar los valores intrínsecos de la vivienda asequible, del paisaje o de la protección de la naturaleza, pueden ganar legitimidad si los planificadores están confundidos con las condiciones de posibilidad de los valores instrumentales que utilizan. La confusión que existe en España o Galicia en relación a estas condiciones es menor que en países como Ecuador, pero insuficiente como hemos visto arriba para que la comunidad de planificadores gane legitimidad. La única legitimidad que tienen es la que obtienen del procedimiento legal, y es precisamente por hacer recaer prácticamente toda la legitimidad sobre procedimiento, este está sobredimensionado y se vuelve contraproducente. No logrará tener un tamaño adecuado hasta que los planificadores no ganen legitimidad. Y esto parece estar todavía lejos de lograrse. Buena parte de los planes que realizan los planificadores en España y Galicia son tan confusos que apenas pueden informar de una forma coherente decisiones político-administrativas. Así que o bien los planificadores forman rápido una auténtica comunidad de conocimiento, investigación y aprendizaje, o pronto perderán también esta legitimidad del procedimiento legal. Y entonces es cuando será realmente difícil recuperar los valores que decían defender.
El caso gallego
Galicia siempre trae peores noticias en relación a la planificación. El gobierno actual no tiene entre sus prioridades la ordenación del territorio. Después de aprobar la última Ley del Suelo, que dejaba de apostar por la coordinación las actividades sectoriales, se sigue ahora con la nueva ley de ordenación del territorio. «Que cada palo aguante su vela», es la nueva divisa de la ordenación del territorio en Galicia. Es un caldo de cultivo excelente para que la pequeña comunidad de planificadores se descoordine mucho más, pues siendo una comunidad todavía poco formada y sectorial, tenderán a ensimismarse en sus propio valores, siguiendo a pies juntillas la nueva divisa. En Galicia además el nacionalismo dota de valores a algunos de los miembros de la comunidad de planificación creando todavía más división para considerar de forma integrada las políticas sectoriales del espacio rural y urbano, lo que, añadidos a valores del socialismo utópico, hace un melange difícil de gestionar. Bajo el nuevo marco institucional la comunidad de planificadores sólo se puede desgajar todavía más. Por otra parte, la desaparición de Dalda o Rafa Crecente, que tenían una fuerte capacidad integradora y transdisciplinar, ha dejado a la comunidad de planificadores sin verdaderos referentes.
Vienen tiempos oscuros para la comunidad de planificación gallega. Es posible que el futuro próximo ahonde en su descrédito, empujada por el contexto pero también por sus propios errores. Este texto trata de ser en el fondo un revulsivo para que sigan trabajando en la formación de una comunidad de profesionales que gane legitimidad.
José María Tubío es miembro del
Laboratorio del Territorio
Referencias
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